2008, el año de los juicios.
Algunos de los casos más sonados de corrupción de los ’90 llegarán con mucha demora al juicio oral.
Si respetan su plan tentativo, los jueces llevarán al banquillo el año que viene casos como el de la venta de armas a Ecuador y Croacia, el de IBM-Banco Nación y el de irregularidades en el PAMI.
Por Irina Hauser
Las más grandes historias de corrupción de los noventa, y algunas de este siglo también, llegaron en carreta a los tribunales orales y siguen sin tener un final. Pero si los jueces logran respetar su plan tentativo, las salas de audiencia del fuero federal estarán al rojo vivo el año próximo: María Julia Alsogaray, Víctor Alderete, Emir Yoma, Alberto Kohan, Domingo Cavallo, Claudia Bello, Francisco “Paco” Mayorga, Alfredo Aldaco, Mario Dadone, Ricardo Cossio, y quizás el propio Carlos Menem, entre muchos, muchos otros, deberán someterse a juicio oral. Será su gran reencuentro en “sede judicial” y recalentarán la agenda política de 2008. Algunos están acusados por delitos graves y podrían terminar presos.
Pasó tanto tiempo, más de quince años en ciertos casos, que algunos de los protagonistas fallecieron en el camino: sucedió con Erman González, Guido Di Tella y Aldo Dadone. Las demoras tribunalicias conocen miles de razones que van desde el cajoneo premeditado, la viveza de los abogados (que con artimañas dilatan las causas), la burocracia kafkiana, hasta la falta de preparación de los magistrados para abordar delitos complejos como los económicos.
Con un poco de suerte y esmero de sus señorías, en el segundo semestre de este año también podrían llegar a ser juzgados nueve acusados por los sobornos en el Senado a quienes se podría sumar el ex presidente Fernando de la Rúa. Por lo pronto, hay dos megaexpedientes famosos con fecha fija: IBM-Banco Nación, que comienza el 11 de marzo, y el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, el 6 de mayo. Es previsible que ambos duren seis meses, o más.
Las causas listas para juicio oral empezaron a ser elevadas una atrás de otra en los últimos tres años. Dentro de poco habrá una seguidilla de juicios, sí, pero tendrán como contracara otros tantos que ya se están acumulando porque los tribunales tampoco dan abasto. Mientras se dedican a los grandes clásicos de la corrupción argentina atienden, por ejemplo, incontables causas de drogas y narcotráfico. El sistema vigente tampoco ayuda: los procesos orales reproducen (aunque con más agilidad) la etapa de investigación, pericias incluidas.
Fecha de vencimiento
Según pudo reconstruir Página/12, en 2008 podría haber por lo menos, cerca de 15 juicios orales y públicos a ex funcionarios conocidos. En el fuero federal hay seis tribunales orales, pero uno de ellos (el número 5) está exclusivamente dedicado a juicios contra represores de la última dictadura. En el fuero penal económico (que investiga delitos tributarios y contrabando) hay otros tres. A su vez, en casi todos ellos hay puestos vacantes y deben actuar jueces subrogantes.
Las sillas vacías son un problema agregado a los que vienen de arrastre. En el Tribunal Oral 4 (TOF 4), por ejemplo, la jubilación sorpresiva de Horacio Vaccare a mitad de año fue un factor de retraso en el juicio por el accidente de LAPA ocurrido en 1999, que se prevé recién para febrero. Esto afectó toda la agenda del tribunal, donde ya está en riesgo de prescribir una causa –elevada hace más de seis años– por contrataciones irregulares de la antigua empresa estatal de correos, Encotesa.
Por ese tema, sí o sí, antes de mitad de año –aseguran en el tribunal– irán al banquillo el ex titular de Encotesa, Alfredo Castañón, otros siete ex funcionarios y también el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Pero a Cavallo se le imputará un hecho posterior, que irá anexado: haber instado a los bancos, en diciembre de 2001, a desacatar las órdenes judiciales que los obligaban a devolver los depósitos. El delito más grave en juego es administración fraudulenta, con una pena máxima de seis años. Todo indica que el siguiente juicio será contra el ex titular de Turismo Francisco “Paco” Mayorga por incumplimiento de sus deberes y negociaciones incompatibles en la explotación de los complejos hoteleros de Chapadmalal y Embalse con contrataciones por 30 millones de pesos.
El TOF 4 fue el que en 2004 condenó a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito, uno de los pocos juicios del rubro que llegaron a término. Lo integran Leopoldo Bruglia, María Cristina Sanmartino, y ahora como subrogante Jorge Gorini. En este tribunal hacen fila otros siete expedientes, algunos de renombre: uno es el de la Mafia del Oro, que podría demorar un año más en llegar a juicio; otro es el de la facturación trucha por miles de dólares en el servicio de catering del Tango 01, en viajes de los gobiernos desde Menem hasta el de Néstor Kirchner.
El transcurso de los años es una cuestión delicada: según una estimación del Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (Cipce), dos de cada diez causas sobre corrupción prescriben antes de llegar a algo. En base a un estudio de cincuenta casos, calcularon que el patrimonio público se ha afectado en unos 10 mil millones de dólares.
Unidos por un tribunal
María Julia Alsogaray y Víctor Alderete no sólo comparten un record de investigaciones penales: serán juzgados por los mismos jueces. El Tribunal Oral 6 que componen María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo ya atesora cinco causas contra la ex polifuncionaria y seis contra el ex titular del PAMI. En varias hay un querellante común: la Oficina Anticorrupción. ¿Podrían volver a la cárcel? Podrían, porque en ciertas investigaciones se les atribuyen delitos severos, como el peculado, con penas de hasta 10 años.
Aunque todavía no hay fecha, según fuentes judiciales Alderete estrenará banquillo en el primer trimestre por dos asuntos: uno por encubrir irregularidades en unas jornadas de capacitación en la obra social de los jubilados, y otro por sustraer documentos del PAMI que eran pruebas en expediente judicial. Alsogaray también tendría un juicio el año entrante en compañía de su ex colaborador Ricardo Fox por haber cedido como interventora de ENTel unas 240 hectáreas a Telefónica. El valor del terreno –donde ahora hay un country– rondaba los 10 millones de dólares. Hasta aquí, los delitos más leves para ambos ex funcionarios (fraude, encubrimiento, sustracción de prueba, según el caso). Los más riesgosos tal vez sean juzgados con posterioridad. El ex titular del PAMI tiene otras citas pendientes en el TOF 6 para más adelante por la contratación directa de Matter Medical, para la compra de audífonos con un sobreprecio del 100 por ciento; otros acuerdos truchos, con Medysistem y también con Solaris S.A.; y la falsificación de documentos para justificar un préstamo de 243 mil pesos. El TOF 6 también juzgará a María Julia por las refacciones a la Secretaría de Recursos Naturales con sobreprecios de hasta 400 por ciento, la contratación ilegítima de publicidad en el Plan de Manejo del Fuego, un convenio irregular con la Universidad de Lomas de Zamora, y el acuerdo ilegal desde ENTel con la consultora KPMG.
Expertos en coimas
Por azar, el Tribunal Oral 3, que componen Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Oscar Hergott, fue nombrado para dos juicios sobre sobornos que harán historia. El primero será IBM-Banco Nación, un escándalo por el pago de coimas de más de 21 millones de dólares para la informatización de 525 sucursales de la entidad bancaria. Habrá catorce imputados, entre ellos los ex directivos del Nación Mario Dadone, Hugo Gaggero, Genaro Contartese y Alfredo Aldaco. Se suman ejecutivos de IBM y de sus subcontratistas. Todos acusados de cohecho agravado, un delito con riesgo de prisión. La causa, que se inició en 1994, tiene 110 cuerpos y desfilarán más de 200 testigos. El segundo gran caso será el de los sobornos en el Senado. Ya hay nueve acusados de haber pagado o recibido dinero para aprobar la ley de reforma laboral en abril de 2000: los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Side Fernando de Santibañes y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. Podría llegar a entrar en la tanda el ex presidente Fernando de la Rúa. Allegados al expediente apuestan a que el juicio se concrete en el segundo semestre. La realidad es que son dos asuntos enormes para un mismo tribunal y un mismo fiscal, Gabriel Nardiello. Ellos también tienen previsto juzgar otras maniobras con contratos espurios de IBM con organismos públicos: uno se conoce como IBM-DGI (con 120 millones de pesos en sobreprecios) y el otro como IBM-Anses (de unos 40 millones).
Las armas
Otro megajuicio disputará protagonismo: a trece años de la primera denuncia, irá a juicio oral la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, después del empujón que le dio con seis meses de trabajo intensivo el fiscal Mariano Borinsky, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando. Catorce imputados se sentarán ante el Tribunal 3 del fuero penal económico. El ex asesor presidencial Emir Yoma, el traficante de armas Diego Palleros, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, los coroneles Jorge Cornejo Torino y Edelberto González de la Vega, son algunos de los acusados de contrabando agravado, un delito con una pena de prisión alta: de 4 a 12 años. Los testigos serán alrededor de 350. La fiscalía pidió una sala de audiencias especial, como la que se usó para el caso AMIA. Fuentes del caso aseguran que no está descartado que Menem tenga que sumarse al desfile de acusados previsto para mayo, ya que fue procesado con un embargo record de 360 millones.
Según la fiscalía, el monto del contrabando fue de 60 millones de pesos/dólares. Pero el perjuicio fiscal asciende a 400 millones.
Misceláneas
El Tribunal Oral 1 intentaría concretar pronto el juicio oral contra Alberto Kohan, ex secretario de la presidencia de Menem, por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia estimó que entre 1993 y 2001 aumentó su patrimonio en al menos 1,2 millón de pesos y no puede explicar el origen de esa plata. En 1989 sólo tenía un inmueble y terminó con 9 propiedades, tres autos, un barco y 93 armas.
El TOF 1 se encargará también del caso de Claudia Bello, cuestionada por digitar la contratación del antídoto para el temido y nunca consumado efecto Y2K con sobreprecios de 3 millones de dólares. En el Tribunal Oral 2 se encargarán de un célebre recuerdo de los tiempos de la Alianza: el intento del ex cointerventor del PAMI Angel Tonietto de recategorizar un hogar de ancianos, manejado por su mujer, Juana Castagnola, hermana de la ex ministra de Desarrollo Graciela Fernández Meijide.
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