jueves, 19 de febrero de 2009

¿Se realizará el juicio o sacarán alguna Resolución 125 edición 2009 ?

¿Habrá juicio por las coimas en los casos de corrupción de Menem (informatizaciones del Banco de Santa Fe, del Banco Nación, de la DGI, de la ANSeS, etc), De la Rúa (PAMI, la compra de la degradación laboral), las coimas de la era Kirchner, o los propios Kirchner sacarán un nuevo conejo de su galera para distraer la atención de la sociedad y poder realizar sus onerosos negociados en total tranquilidad? Eso sucedió con el caso de la informatización que IBM realizó en el Banco Nación bajo el nombre de "Proyecto Centenario" y tenía fecha, vaya qué casualidad, para el 11 de marzo de 2008, pero terminó dando un salto hasta el próximo 23 de junio de 2.009 , siendo que IBM, NEC y Siemens están mencionadas en la "Agenda Digital" de Daniel Osvaldo Scioli y todas han tenido[0] o tienen[1][2] causas federales por corrupción. ¿Será distinto esta vez? No lo creo.

[0] NEC involucrada en coimas durante la liquidación de ENTel.
[1] IBM.
[2] Siemens.

EL PAIS › EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO AVANZA EN LA CAUSA SOBRE LAS COIMAS PAGADAS POR SIEMENS POR EL CONTRATO DE LOS DNI.

A la búsqueda del texto de la confesión.

La prueba del pago a Carlos Menem, Carlos Corach y Hugo Franco figura en un documento que surgió de una auditoría interna. Siemens Argentina dice que no lo tiene. El juez estudia acusar a la compañía de encubrimiento, lavado de activos delictivos o desobediencia.

Por Raúl Kollmann

El juez federal Ariel Lijo tomará hoy una medida contra los directivos de Siemens Argentina en la causa en la que se investigan las coimas por el multimillonario y frustrado negocio de los DNI. Siemens admitió en Alemania y en Estados Unidos que le pagó 16 millones de dólares a un tal CM y 9,75 millones de dólares a CC y HF, siglas que obviamente corresponderían a Carlos Menem, Carlos Corach y Hugo Franco. La confesión consta en una auditoría interna realizada por la empresa Debevoise & Plimpton. Como anticipó en exclusiva Página/12, el magistrado le pidió ese texto a Siemens para verificar a través de qué cuentas se pagaron esas coimas y de esa manera tener los elementos para acusar a Menem, Corach y Franco, pero el viernes pasado, en un escrito de una brevedad que bate records, Siemens contestó que no tiene el informe de Debevoise & Plimpton y no lo puede entregar porque perdería privilegios legales adquiridos en Estados Unidos y Alemania. Lijo estudia acusar a Siemens de encubrimiento y lavado de activos delictivos o, lo que sería un cargo menor, desobediencia ante una obligación legal. Siemens Argentina argumenta que no tiene el texto de la mencionada auditoría, pero eso significaría que actúa como una empresa aislada de Siemens mundial, algo que no se condice con la realidad y que no hacía cuando se presentó a la licitación de 1200 millones de dólares de confección de los DNI.

El texto de la auditoría de Debevoise & Plimpton fue presentado en la SEC, sigla que en inglés equivale a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos y en un proceso judicial que se lleva adelante en Munich, Alemania. La empresa hizo la confesión prácticamente obligada por los norteamericanos a raíz de que la iban a vetar para participar en la bolsa y en negocios multimillonarios en Estados Unidos. Lo que ha trascendido del texto es asombroso: 4283 operaciones ilegales realizadas en todo el mundo con coimas que sumaron 1400 millones de dólares. De esa forma, Siemens aceitó licitaciones de subtes en Venezuela, trenes en China, plantas de energía en Israel, plantas transmisoras de telecomunicaciones en Nigeria, aparatos médicos sofisticados en Vietnam y, obviamente, los DNI argentinos. Las coimas eran tan habituales que figuraban en los libros de contabilidad como “Gastos Utiles”.

Respecto de lo pagado a CM, CC, HF, la SEC norteamericana dice taxativamente que entre 1998 y 2004 Siemens pagó más de 40 millones en coimas y, a través de un consultor, “2,6 millones de dólares fueron transferidos al presidente de la Argentina, al ministro del Interior y al director de Migraciones con el objetivo de conseguir el contrato. Durante ese período, los directivos de Siemens prometieron pagos por otros 30 millones de dólares al Presidente y sus colaboradores”. En la investigación de Munich es que aparecieron las cifras más abultadas, entre ellas los 16 millones de dólares para CM.

En los tribunales de Comodoro Py sostienen que la respuesta dada por Siemens a Lijo se contradice con el discurso de renovación y transparencia que las autoridades de la multinacional alemana exhiben como bandera actualmente. “Hacen un mea culpa, reconocen las coimas, pero cuando se les pregunta quién las cobró y cómo, contestan con evasivas y ocultan las pruebas claves”, dicen en Tribunales.

El juez se encuentra ante alternativas de gravedad frente al caso.

- Puede argumentar que las autoridades de Siemens están incurriendo en el delito de encubrimiento, previsto para quien “ayudare a alguien eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”, o incluso como se menciona en otro inciso del mismo artículo del Código Penal “quien no individualice al autor o partícipe de un delito ya conocido”.

- También cabe preguntarse por qué la empresa se niega a entregar un documento que ya tienen las autoridades judiciales de Munich y la SEC de Estados Unidos. No parece irrazonable deducir que los ejecutivos de Siemens Argentina no sólo están tapando a quienes estaban a cargo de la empresa en aquellos años sino que ellos mismos fueron partícipes del delito de cohecho, o sea del pago de coimas en su momento.

- Otra alternativa posible, aunque mucho más light, es ubicar la negativa de Siemens como una desobediencia ante un funcionario público en virtud de una obligación legal.

Siemens se ampara en el argumento de que no tiene la auditoría realizada por Debevoise & Plimpton, algo que no tiene sentido porque es obvio que Siemens Argentina es parte de la multinacional y las autoridades de aquí responden a las mismas autoridades que entregaron la auditoría a la SEC y a los tribunales de Munich. Desde el punto de vista legal, el juez necesita demostrar que existe lo que parece evidente, el ocultamiento de la prueba y que no es como sostiene Siemens que no puede acceder a aquella auditoría.

El texto de Debevoise & Plimpton tiene importancia porque allí constaría, en forma detallada, la ruta de la coima. Ante la SEC, Siemens admitió el cohecho y sólo trascendieron referencias generales sobre la forma en la que se hizo el pago. Por ejemplo, se señala que la plata se giró como si fueran fondos de un proyecto en China de Siemens de Estados Unidos y a través de pagos por trabajos de consultoría, también en Estados Unidos, que nunca se hicieron. En el juzgado hay evidencias de giros por coimas a través de cuentas en Uruguay, Bahamas, Dubai y China, pero faltan los detalles precisos.

Ante la negativa de Siemens de entregar el texto de la auditoría, Lijo jugará hoy sus cartas. En Comodoro Py mantienen en reserva qué pasos dará el juez, pero no pasarán más de 24 horas sin que el magistrado firme una resolución sobre el tema. No faltan quienes dicen que el Poder Ejecutivo también debería adoptar una iniciativa (ver aparte).

Lijo tiene un camino hacia la auditoría de Debevoise & Plimpton que, al menos por ahora, se viene dilatando. El magistrado ha pedido a Estados Unidos el acceso al expediente de la SEC y desde el país del Norte vienen postergando la respuesta. Esas dilaciones resultan llamativas, sobre todo si se tiene en cuenta que Estados Unidos ha hecho repetidas referencias al lavado de dinero proveniente de la corrupción.

La auditoría también puede echar luz sobre la sospechosa participación del grupo Macri en aquella licitación. Como reveló en su momento Página/12, los pliegos parecieron hechos a la medida de Alfredo Yabrán, que en ese momento estaba aliado al grupo Macri a través de la empresa que presentó la oferta, Itrón S. A. Los otros competidores fueron la israelí Iviza-TTI S.A. y Siemens IT, una empresa armada especialmente por la compañía alemana.

A raíz del caso Cabezas y el suicidio de Yabrán, la licitación que ya había sido ganada por Itrón fue anulada de forma más que extraña, se desplazó al consejo que realizaba la selección y que ya había dado su veredicto y la adjudicación fue para Siemens. El siguiente paso también llama la atención: Siemens compró Itrón en 30 millones de pesos. Quienes conocen la causa aseguran que no hay ningún justificativo para esa adquisición y menos en ese valor, por cuanto Itrón no poseía ningún bien y, además, Siemens no tiene tradición de asociarse con ninguna empresa. Voceros del grupo Macri, en cambio, afirman que Itrón sí valía ese monto. En cualquier caso, todo indica que hubo un pacto entre el grupo Macri y Siemens, porque no bien se adjudicó la licitación, la empresa alemana reemplazó a quien iba a distribuir los DNI, Mailfast, por el Correo Argentino, del grupo Macri. Es decir que la inmensa licitación, por 1200 millones de dólares, se la habría llevado Siemens, pero sobre la base de una maniobra clandestina con el grupo Macri. También alguna referencia debería haber de esa operatoria en el texto que busca el juez.

2008, el año de los juicios, que no fueron

Este es el texto de un artículo publicado por el diario Página/12 que durante el quilombo con el campesinado, misteriosamente, ese medio, que se había vuelto obsecuente para con los Kirchner, había borrado el año pasado y ahora, sin tanta presión encima, ha repuesto:

2008, el año de los juicios.

Algunos de los casos más sonados de corrupción de los ’90 llegarán con mucha demora al juicio oral.

Si respetan su plan tentativo, los jueces llevarán al banquillo el año que viene casos como el de la venta de armas a Ecuador y Croacia, el de IBM-Banco Nación y el de irregularidades en el PAMI.

Por Irina Hauser

Las más grandes historias de corrupción de los noventa, y algunas de este siglo también, llegaron en carreta a los tribunales orales y siguen sin tener un final. Pero si los jueces logran respetar su plan tentativo, las salas de audiencia del fuero federal estarán al rojo vivo el año próximo: María Julia Alsogaray, Víctor Alderete, Emir Yoma, Alberto Kohan, Domingo Cavallo, Claudia Bello, Francisco “Paco” Mayorga, Alfredo Aldaco, Mario Dadone, Ricardo Cossio, y quizás el propio Carlos Menem, entre muchos, muchos otros, deberán someterse a juicio oral. Será su gran reencuentro en “sede judicial” y recalentarán la agenda política de 2008. Algunos están acusados por delitos graves y podrían terminar presos.

Pasó tanto tiempo, más de quince años en ciertos casos, que algunos de los protagonistas fallecieron en el camino: sucedió con Erman González, Guido Di Tella y Aldo Dadone. Las demoras tribunalicias conocen miles de razones que van desde el cajoneo premeditado, la viveza de los abogados (que con artimañas dilatan las causas), la burocracia kafkiana, hasta la falta de preparación de los magistrados para abordar delitos complejos como los económicos.

Con un poco de suerte y esmero de sus señorías, en el segundo semestre de este año también podrían llegar a ser juzgados nueve acusados por los sobornos en el Senado a quienes se podría sumar el ex presidente Fernando de la Rúa. Por lo pronto, hay dos megaexpedientes famosos con fecha fija: IBM-Banco Nación, que comienza el 11 de marzo, y el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, el 6 de mayo. Es previsible que ambos duren seis meses, o más.

Las causas listas para juicio oral empezaron a ser elevadas una atrás de otra en los últimos tres años. Dentro de poco habrá una seguidilla de juicios, sí, pero tendrán como contracara otros tantos que ya se están acumulando porque los tribunales tampoco dan abasto. Mientras se dedican a los grandes clásicos de la corrupción argentina atienden, por ejemplo, incontables causas de drogas y narcotráfico. El sistema vigente tampoco ayuda: los procesos orales reproducen (aunque con más agilidad) la etapa de investigación, pericias incluidas.

Fecha de vencimiento

Según pudo reconstruir Página/12, en 2008 podría haber por lo menos, cerca de 15 juicios orales y públicos a ex funcionarios conocidos. En el fuero federal hay seis tribunales orales, pero uno de ellos (el número 5) está exclusivamente dedicado a juicios contra represores de la última dictadura. En el fuero penal económico (que investiga delitos tributarios y contrabando) hay otros tres. A su vez, en casi todos ellos hay puestos vacantes y deben actuar jueces subrogantes.

Las sillas vacías son un problema agregado a los que vienen de arrastre. En el Tribunal Oral 4 (TOF 4), por ejemplo, la jubilación sorpresiva de Horacio Vaccare a mitad de año fue un factor de retraso en el juicio por el accidente de LAPA ocurrido en 1999, que se prevé recién para febrero. Esto afectó toda la agenda del tribunal, donde ya está en riesgo de prescribir una causa –elevada hace más de seis años– por contrataciones irregulares de la antigua empresa estatal de correos, Encotesa.

Por ese tema, sí o sí, antes de mitad de año –aseguran en el tribunal– irán al banquillo el ex titular de Encotesa, Alfredo Castañón, otros siete ex funcionarios y también el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Pero a Cavallo se le imputará un hecho posterior, que irá anexado: haber instado a los bancos, en diciembre de 2001, a desacatar las órdenes judiciales que los obligaban a devolver los depósitos. El delito más grave en juego es administración fraudulenta, con una pena máxima de seis años. Todo indica que el siguiente juicio será contra el ex titular de Turismo Francisco “Paco” Mayorga por incumplimiento de sus deberes y negociaciones incompatibles en la explotación de los complejos hoteleros de Chapadmalal y Embalse con contrataciones por 30 millones de pesos.

El TOF 4 fue el que en 2004 condenó a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito, uno de los pocos juicios del rubro que llegaron a término. Lo integran Leopoldo Bruglia, María Cristina Sanmartino, y ahora como subrogante Jorge Gorini. En este tribunal hacen fila otros siete expedientes, algunos de renombre: uno es el de la Mafia del Oro, que podría demorar un año más en llegar a juicio; otro es el de la facturación trucha por miles de dólares en el servicio de catering del Tango 01, en viajes de los gobiernos desde Menem hasta el de Néstor Kirchner.

El transcurso de los años es una cuestión delicada: según una estimación del Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (Cipce), dos de cada diez causas sobre corrupción prescriben antes de llegar a algo. En base a un estudio de cincuenta casos, calcularon que el patrimonio público se ha afectado en unos 10 mil millones de dólares.

Unidos por un tribunal

María Julia Alsogaray y Víctor Alderete no sólo comparten un record de investigaciones penales: serán juzgados por los mismos jueces. El Tribunal Oral 6 que componen María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo ya atesora cinco causas contra la ex polifuncionaria y seis contra el ex titular del PAMI. En varias hay un querellante común: la Oficina Anticorrupción. ¿Podrían volver a la cárcel? Podrían, porque en ciertas investigaciones se les atribuyen delitos severos, como el peculado, con penas de hasta 10 años.

Aunque todavía no hay fecha, según fuentes judiciales Alderete estrenará banquillo en el primer trimestre por dos asuntos: uno por encubrir irregularidades en unas jornadas de capacitación en la obra social de los jubilados, y otro por sustraer documentos del PAMI que eran pruebas en expediente judicial. Alsogaray también tendría un juicio el año entrante en compañía de su ex colaborador Ricardo Fox por haber cedido como interventora de ENTel unas 240 hectáreas a Telefónica. El valor del terreno –donde ahora hay un country– rondaba los 10 millones de dólares. Hasta aquí, los delitos más leves para ambos ex funcionarios (fraude, encubrimiento, sustracción de prueba, según el caso). Los más riesgosos tal vez sean juzgados con posterioridad. El ex titular del PAMI tiene otras citas pendientes en el TOF 6 para más adelante por la contratación directa de Matter Medical, para la compra de audífonos con un sobreprecio del 100 por ciento; otros acuerdos truchos, con Medysistem y también con Solaris S.A.; y la falsificación de documentos para justificar un préstamo de 243 mil pesos. El TOF 6 también juzgará a María Julia por las refacciones a la Secretaría de Recursos Naturales con sobreprecios de hasta 400 por ciento, la contratación ilegítima de publicidad en el Plan de Manejo del Fuego, un convenio irregular con la Universidad de Lomas de Zamora, y el acuerdo ilegal desde ENTel con la consultora KPMG.

Expertos en coimas

Por azar, el Tribunal Oral 3, que componen Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Oscar Hergott, fue nombrado para dos juicios sobre sobornos que harán historia. El primero será IBM-Banco Nación, un escándalo por el pago de coimas de más de 21 millones de dólares para la informatización de 525 sucursales de la entidad bancaria. Habrá catorce imputados, entre ellos los ex directivos del Nación Mario Dadone, Hugo Gaggero, Genaro Contartese y Alfredo Aldaco. Se suman ejecutivos de IBM y de sus subcontratistas. Todos acusados de cohecho agravado, un delito con riesgo de prisión. La causa, que se inició en 1994, tiene 110 cuerpos y desfilarán más de 200 testigos. El segundo gran caso será el de los sobornos en el Senado. Ya hay nueve acusados de haber pagado o recibido dinero para aprobar la ley de reforma laboral en abril de 2000: los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Side Fernando de Santibañes y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. Podría llegar a entrar en la tanda el ex presidente Fernando de la Rúa. Allegados al expediente apuestan a que el juicio se concrete en el segundo semestre. La realidad es que son dos asuntos enormes para un mismo tribunal y un mismo fiscal, Gabriel Nardiello. Ellos también tienen previsto juzgar otras maniobras con contratos espurios de IBM con organismos públicos: uno se conoce como IBM-DGI (con 120 millones de pesos en sobreprecios) y el otro como IBM-Anses (de unos 40 millones).

Las armas

Otro megajuicio disputará protagonismo: a trece años de la primera denuncia, irá a juicio oral la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, después del empujón que le dio con seis meses de trabajo intensivo el fiscal Mariano Borinsky, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando. Catorce imputados se sentarán ante el Tribunal 3 del fuero penal económico. El ex asesor presidencial Emir Yoma, el traficante de armas Diego Palleros, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, los coroneles Jorge Cornejo Torino y Edelberto González de la Vega, son algunos de los acusados de contrabando agravado, un delito con una pena de prisión alta: de 4 a 12 años. Los testigos serán alrededor de 350. La fiscalía pidió una sala de audiencias especial, como la que se usó para el caso AMIA. Fuentes del caso aseguran que no está descartado que Menem tenga que sumarse al desfile de acusados previsto para mayo, ya que fue procesado con un embargo record de 360 millones.

Según la fiscalía, el monto del contrabando fue de 60 millones de pesos/dólares. Pero el perjuicio fiscal asciende a 400 millones.

Misceláneas

El Tribunal Oral 1 intentaría concretar pronto el juicio oral contra Alberto Kohan, ex secretario de la presidencia de Menem, por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia estimó que entre 1993 y 2001 aumentó su patrimonio en al menos 1,2 millón de pesos y no puede explicar el origen de esa plata. En 1989 sólo tenía un inmueble y terminó con 9 propiedades, tres autos, un barco y 93 armas.

El TOF 1 se encargará también del caso de Claudia Bello, cuestionada por digitar la contratación del antídoto para el temido y nunca consumado efecto Y2K con sobreprecios de 3 millones de dólares. En el Tribunal Oral 2 se encargarán de un célebre recuerdo de los tiempos de la Alianza: el intento del ex cointerventor del PAMI Angel Tonietto de recategorizar un hogar de ancianos, manejado por su mujer, Juana Castagnola, hermana de la ex ministra de Desarrollo Graciela Fernández Meijide.

lunes, 16 de febrero de 2009

Irregularidades en el sitio del PROMEDU.

En los últimos días han habido unos manejos muy poco claros en el sitio del PROMEDU consistentes en el borrado de pliegos y especificaciones técnicas y de otros tipos auxiliares (planos, etc) referentes a las obras en proceso licitatorio:
COn anterioridad había logrado rescatar algunos de los archivos ahora borrados, que los subí acá:
http://rapidshare.com/files/199003503/Programa_700_Escuelas-Provincia_de_Buenos_Aires-Parte_21.tar.bz2
http://rapidshare.com/files/198961396/Programa_700_Escuelas-Provincia_de_Buenos_Aires-Parte_22.tar.bz2

Estas licitaciones se abrirán el Miércoles 18 y el Jueves 19 de Febrero de 2.008. Las direcciones adonde habrá que ir para impugnarlas están en http://www.700escuelas.gov.ar/web/llamados/88.jpg

viernes, 6 de febrero de 2009

Mamarracho inconstitucional de Filmus

El siguiente es el texto de lo que eufemísticamente llaman "Remuneración por copia privada" que no es otra cosa que un gravamen, como el canon digital que rige en España desde, por lo menos, 1996.
Nota: Había un error que decía que el canon digital regía desde 2.003, pero buscando con más tiempo uno se topa con que data de, por lo menos, el año 1.996.

ARGENTINA: Prepara proyecto de Ley para instaurar la remuneración por copia privada.


Argentina. El senador del partido Frente para la Victoria de Buenos Aires, Daniel Filmus, está preparando un proyecto de Ley que permita instaurar en Argentina un sistema de remuneración compensatoria por copia privada, que haga frente a las innumerables y cada vez mayores posibilidades de realizar reproducciones ilimitadas de las obras y prestaciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos.

Para ello, sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAI), la sociedad Argentina de Actores Intérpretes (SAGAI), la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y los representantes de la industria argentina de la música (CAPIF), con el fin de elaborar un proyecto de Ley, en el que todos estén de acuerdo, y que ofrezca una remuneración compensatoria efectiva.

A la reunión asistieron, entre otros, los músicos Atilio Sampone y León Greco (CAPIF), los actores Jorge Marrale y Pepe Soriano, y los autores Salvador Valverde Calvo, Damián Gutiérrez y Tito Cossa. Se resolvió que el proyecto de ley será presentado en marzo de 2009.

El actor Jorge Marrale se mostró muy satisfecho "por la recepción sensible de parte de Filmus" y por la participación en la reunión de "todas las entidades de productores y artistas unidas en pos de algo que es central para nosotros".

"Lo que prima sobre cualquier número es el derecho de propiedad intelectual" agregó Marrale y explicó que es "dramático lo que sucede hoy en día con la tecnología porque esta posibilita un hueco por donde se va el derecho de propiedad del artista".

"Más allá de lo que se consiga, es importante destacar que a partir de este encuentro comienza un debate cultural: qué hacemos los artistas, productores, músicos y editores como agentes culturales, porque si no avanzamos en la búsqueda de una solución, la tecnología se nos viene encima", concluyó el actor.

Actualmente, los autores de obras literarias y artísticas están protegidos por la Ley, la cual les otorga la exclusividad de autorizar o prohibir la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

Pero la irrupción de los nuevos medios tecnológicos que permiten la reproducción privada /radio, videograbadoras, CD, DVD, reproductores de MP3, grabadoras de CD y DVD, obligaron a las asociaciones a replantearse la legislación vigente en materia de derecho de autor.

Ahora los autores no pueden controlar de manera efectiva las miles de reproducciones que se hacen de sus obras para su uso privado, normalmente en los hogares y las empresas. Por este motivo muchos países, principalmente de la Unión Europea, han establecido un sistema de compensación a favor de los autores, intérpretes, editores y productores.

Iniciativas como estas deberían ser adelantadas por los demás países de América Latina que no han consagrado aún un sistema efectivo de remuneración compensatoria por copia privada, como una manera de compensar efectivamente a los autores y titulares de derecho, así como de fomentar y promover la creación.

miércoles, 4 de febrero de 2009

PROMEDU Provincia de Buenos Aires

Estos son los primeros dieciséis capítulos, y abarcan 170 obras ejecutadas entre 2.003-2.008 a lo largo y ancho de toda la Provincia de Buenos Aires como parte del multimillonario "Programa Más Escuelas - Mejor Educación", que es en realidad el Subprograma II del PROMSE. La mayor parte fue ejecutada con los fondos del Crédito BID 1.345/OC-AR y cuando se agotaron esos fondos Martín Lousteau firmó OTRO crédito con el BID que está registrado como BID 1.966/OC-AR.

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